“¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?”. La pregunta fue publicada de manera simultánea el miércoles 26 de agosto por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios mexicanos, en una campaña inédita para reclamar una respuesta de las autoridades frente a la violencia contra la prensa.
La iniciativa incluyó la difusión de una lista con los nombres de periodistas asesinados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y buscó poner nuevamente en el centro del debate la situación de los trabajadores de medios, especialmente aquellos que desarrollan su tarea en ámbitos locales.
Según el registro actualizado de RSF, siete periodistas fueron asesinados en México desde el comienzo de 2026. La organización señala además que, desde el inicio de la presidencia de Sheinbaum, el 1° de octubre de 2024, fueron asesinados 17 periodistas.
La situación continúa siendo especialmente preocupante en estados como Veracruz, donde durante este año se concentraron varios de los ataques más graves contra trabajadores de prensa. El 25 de agosto, por ejemplo, el reportero Eli Martínez fue secuestrado en Poza Rica y localizado con vida horas después. El episodio se produjo en una región donde tres periodistas fueron asesinados durante 2026, según reportes periodísticos.
Periodistas locales, entre los principales blancos
Artur Romeu, director de RSF para América Latina, sostuvo que México enfrenta un problema estructural de violencia contra los periodistas y que los trabajadores de medios locales son particularmente vulnerables.
Los profesionales que cubren política, seguridad, justicia, corrupción y actividades del crimen organizado se encuentran entre los más expuestos. En numerosas regiones, además, las amenazas no provienen únicamente de grupos criminales, sino que también existen denuncias sobre posibles vínculos entre estructuras delictivas y autoridades locales.
RSF sostiene que esta situación genera un fuerte impacto sobre la libertad de prensa: periodistas que dejan de investigar determinados temas, medios que limitan sus coberturas y comunidades que terminan quedando sin información independiente.
El problema no se reduce a los asesinatos. También comprende amenazas, secuestros, desplazamientos forzados y agresiones contra periodistas que, en muchos casos, deben abandonar sus lugares de residencia para preservar su vida.
Veracruz, uno de los focos más graves
Veracruz aparece nuevamente entre los territorios más peligrosos para ejercer el periodismo en México. El secuestro de Eli Martínez, ocurrido en Poza Rica, volvió a poner en evidencia el riesgo que enfrentan los trabajadores de prensa que cubren hechos policiales y violencia criminal. El reportero fue localizado con vida después de permanecer varias horas desaparecido.
RSF también advierte que la violencia contra la prensa tiene un efecto que trasciende a las víctimas directas: cuando un periodista es asesinado, amenazado o silenciado, toda una comunidad pierde la posibilidad de acceder a información sobre cuestiones de interés público.
El reclamo apunta al Estado
La campaña impulsada por RSF y los más de 40 medios participantes busca que la protección de los periodistas deje de ser una respuesta circunstancial y se convierta en una política permanente.
La organización reclama investigaciones eficaces sobre los asesinatos, protección para quienes se encuentran en situación de riesgo y medidas concretas para combatir la impunidad.
El planteo también alcanza a las autoridades de los estados y municipios, donde se desarrolla buena parte del periodismo local y donde los trabajadores suelen encontrarse más expuestos.
RSF sostiene que la connivencia entre autoridades locales y organizaciones criminales constituye una de las principales amenazas para la prensa mexicana. Desde el año 2000, la organización contabiliza más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en México.
Una pregunta que busca una respuesta
La campaña dejó una pregunta que resume la preocupación de periodistas y medios de todo el país: “¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?”
Para Reporteros Sin Fronteras, la situación ya no puede ser considerada una sucesión de casos aislados. Los asesinatos y ataques contra periodistas forman parte de una crisis sostenida que afecta directamente el derecho de la sociedad mexicana a recibir información libre e independiente.
La exigencia de los medios apunta ahora a que las autoridades transformen las declaraciones de compromiso en medidas concretas de protección, investigación y justicia.
Fuente: Marianela Mayer
